
Teo Siong Seng, de 71 años y presidente ejecutivo de Singamas Container Holdings, ha quedado en el centro de una investigación criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) por su presunto papel en un cartel internacional de fabricantes de contenedores. La acusación señala una conspiración para limitar la producción y manipular los precios de contenedores dry estándar entre noviembre de 2019 y enero de 2024, periodo en que los precios de estas unidades llegaron a duplicarse en plena crisis de suministro global.
El magnate singapurense no estaría solo en el banco de los acusados. Junto a él, el DOJ también señala a ejecutivos de China International Marine Containers Group (CIMC), Shanghai Universal Logistics Equipment —conocida como Dong Fang International Containers— y CXIC Group Containers. Estas cuatro compañías concentran más del 95% de la producción global de contenedores marítimos, lo que les habría otorgado la capacidad de coordinar restricciones con un impacto directo en los mercados internacionales.
Según los fiscales, los mecanismos del presunto cartel incluían el intercambio de información comercial sensible, acuerdos para restringir turnos y horas de trabajo en sus plantas, compromisos para no construir nuevas fábricas y sistemas de vigilancia sobre las líneas de producción. Todo esto ocurrió en plena pandemia de COVID-19, cuando navieras, freight forwarders, importadores y exportadores enfrentaban una severa escasez de equipos disponibles.
La figura de Teo Siong Seng adquiere un peso particular en este caso. Reconocido como uno de los empresarios más influyentes del sector marítimo asiático, Singamas fue fundada en 1988 y se convirtió en uno de los principales fabricantes de contenedores a nivel mundial.
En años recientes, la empresa fue parcialmente adquirida por un subsidiario de COSCO, uno de los grandes conglomerados navieros chinos, en un proceso que implicó la salida de Pacific International Lines (PIL) de su capital accionario.
El caso tiene implicaciones que van más allá de las multas o sanciones individuales. Si las acusaciones se comprueban, quedaría al descubierto cómo una industria dominada casi en su totalidad por empresas chinas habría aprovechado la crisis logística global de 2020-2021 para maximizar ganancias de manera coordinada y anticompetitiva. Para importadores y exportadores de todo el mundo, ello significó pagar precios inflados por un insumo esencial del comercio internacional.
La causa se enmarca en la legislación antimonopolio de Estados Unidos, específicamente en la Sherman Act, que sanciona acuerdos para fijar precios, restringir producción o limitar la competencia. Las empresas podrían enfrentar fuertes multas, mientras que los individuos acusados arriesgan sanciones económicas y penas de prisión si son declarados culpables.





